Por Nichola Groom, 15 de junio (Reuters) – Un juez federal de Luisiana bloqueó el martes la pausa de la administración Biden en el arrendamiento de petróleo y gas en tierras y aguas públicas, lo que supone un revés para un esfuerzo clave de la Casa Blanca para hacer frente al cambio climático.
La orden concedió un mandato judicial preliminar a Luisiana y otros 12 estados que demandaron al presidente demócrata Joe Biden y al Departamento del Interior por la congelación de las nuevas subastas de perforación. Luisiana es un importante centro de producción de petróleo y gas en alta mar.
Biden suspendió las subastas de arrendamiento del gobierno en enero, a la espera de una revisión que se espera que concluya en las próximas semanas. La medida formaba parte de un amplio plan para frenar la extracción de combustibles fósiles y combatir los efectos del cambio climático.
El Departamento del Interior dijo que cumpliría la sentencia, pero no dijo cuándo podrían reanudarse las subastas.
El Instituto Americano del Petróleo, el principal grupo comercial de petróleo y gas del país, emitió un comunicado en el que instaba a la administración a «actuar con rapidez para cumplir la orden del tribunal y levantar la pausa federal de arrendamiento».
El grupo ecologista Centro para la Diversidad Biológica dijo en un comunicado que la orden «hace la vista gorda a la contaminación climática descontrolada que está devastando nuestro planeta».
La decisión del juez, que se aplica a los arrendamientos en tierra y en alta mar en todo el país, seguirá en vigor a la espera de la resolución final del caso o de órdenes de tribunales superiores, según un documento judicial.
En el fallo, el juez Terry Doughty, del Tribunal de Distrito de EE.UU. para el Distrito Occidental de Luisiana, dijo que los estados habían cumplido los requisitos para establecer que sufrirían un perjuicio por la pausa en los nuevos arrendamientos de petróleo y gas.
«Están en juego millones y posiblemente miles de millones de dólares», escribió Doughty.
También dijo que los estados tenían una «probabilidad sustancial de éxito» con su demanda.
En un comunicado, un portavoz del Departamento del Interior dijo que el próximo informe de la agencia «incluirá las conclusiones iniciales sobre el estado de los programas federales de energía convencional, así como un resumen de los próximos pasos y recomendaciones para que el Departamento y el Congreso mejoren la administración de las tierras y aguas públicas, creen puestos de trabajo y construyan un futuro energético justo y equitativo».
Los fiscales generales de Luisiana y Virginia Occidental elogiaron la decisión. El fiscal general de Luisiana, Jeff Landry, la calificó de «victoria no sólo para el Estado de Derecho, sino también para los miles de trabajadores que producen energía asequible para los estadounidenses».
Los estados que se sumaron a la demanda de Luisiana fueron Alabama, Alaska, Arkansas, Georgia, Misisipi, Misuri, Montana, Nebraska, Oklahoma, Texas, Utah y Virginia Occidental. Todos tienen fiscales generales republicanos. El gobernador de Luisiana, John Bel Edwards, es demócrata.
Otro estado, Wyoming, ha presentado su propia demanda para impugnar la pausa del arrendamiento.
