Por Jack Wittels (Bloomberg) – El Grupo Trafigura dijo que el regulador de la industria del transporte marítimo tiene que actuar con «la velocidad del rayo» para reducir las emisiones de carbono de una industria que arroja más C02 a la atmósfera cada año que Francia y el Reino Unido juntos.
El gigante del comercio de materias primas quiere que la Organización Marítima Internacional haga avanzar rápidamente lo que se conoce como medidas basadas en el mercado -como un impuesto global sobre el CO2- para descarbonizar el transporte marítimo. En las conversaciones que concluyeron la semana pasada, el organismo de la ONU aprobó un «plan de trabajo» con vistas a desarrollar tales normas en el futuro.
«No se ha logrado ningún avance significativo en la descarbonización del transporte marítimo», afirmó Rasmus Bach Nielsen, responsable mundial de descarbonización de combustibles de Trafigura. Y aunque el nuevo plan de la OMI para desarrollar medidas basadas en el mercado es bienvenido, «ahora deben avanzar a la velocidad del rayo», dijo.
El plan de trabajo aprobado por la OMI consta de tres fases, la segunda de las cuales está prevista para la primavera de 2023. El plazo para la tercera fase -el desarrollo y la finalización de la nueva normativa- aún no se ha acordado.
Este plazo hace que la presión de Trafigura para que entre en vigor una tasa de carbono sobre el combustible de los buques en 2023 parezca optimista. La empresa ya había dicho que quería una tasa de CO2 sobre los combustibles marítimos de entre 250 y 300 dólares por tonelada, lo que supondría más que duplicar los precios según los valores actuales. A.P. Moller-Maersk A/S, la mayor línea de contenedores del mundo, también respalda un impuesto.
La introducción de una tasa global sobre el carbono permitirá «que el transporte marítimo se descarbonice más pronto que tarde, al neutralizar el coste del uso de los combustibles sin carbono, que de otro modo serían mucho más caros», dijo Nielsen. «Los responsables políticos tienen una oportunidad histórica de impulsar esta agenda, pero el gravamen sobre el carbono debe aplicarse antes de 2023 para que los buques con cero emisiones entren en la flota en 2025».
Las Islas Marshall y las Islas Salomón propusieron un plan para aplicar un impuesto sobre el dióxido de carbono de 100 dólares por tonelada en 2025, que se incrementaría cada cinco años, y que se debatió en las conversaciones de la OMI. Se seguirá estudiando en reuniones posteriores.
En las conversaciones también se adoptaron formalmente las normas de reducción de la intensidad de carbono de los buques. Las reducciones han sido criticadas por llevar el transporte marítimo más allá de lo habitual, y por no incentivar los combustibles de bajo y cero carbono.
Sin embargo, «tendrán un impacto en nuestra selección de buques cuando acordemos contratos de fletamento a largo plazo, con un enfoque más explícito en las emisiones de los buques», dijo Nielsen.
