Representantes del Puerto de Amberes en Bélgica, Trafigura en Países Bajos, Yilport en Turquía y una concesionaria de Colombia que opera en los puertos de Tumaco y Buenaventura, presentaron propuestas para adjudicarse una concesión por 35 años del Puerto Comercial de Esmeraldas de Ecuador, informó La Hora.

Cabe destacar que la fecha ya se han invertido US$20 millones en el complejo que tiene una trayectoria de 50 años. De momento, se espera la oficialización del concurso público por parte del Gobierno, ya que los interesados ya revisaron las instalaciones y corridas económicas.

La adjudicación dependerá de las propuestas económicas de los interesados, que deben ser por sobre los US$85 millones en su inversión inicial y US$350 millones durante los siguientes 35 años, además de gastos de operación, mantenimiento y reparaciones, durante la estadía.

El ministro de Transporte y Obras Públicas, Gabriel Martínez, recordó en su recorrido por el Puerto de Esmeraldas la Asignación del Solar 1ª a la Concesionaria YilportEc, para que construya el Muelle No.6 de Puerto Bolívar en la provincia de El Oro. Por lo tanto, está a favor del beneficio que trae la inversión privada. Además, adelantó que hasta mayo estaría lista la obra de ampliación del muelle y de las bodegas de la Autoridad Portuaria de Esmeraldas, donde se destinaron US$20 millones.

Martínez señaló que:

«la permanencia de los actuales trabajadores del puerto dependerá de los inversionistas, pero que existen garantías, ya que en Ecuador se respetan los derechos laborales y el Gobierno Nacional lo ha dejado muy claro».

Los decretos de excepcionalidad están vinculados con el alquiler y con la participación de los ingresos que se generen, donde el 50% de la utilidad de los primeros cinco años se dividirá entre el Gobierno y Esmeraldas,  y luego quedará para Esmeraldas. La intención de concesión será analizada en la Unidad De Alianza Pública del Ministerio de Finanzas y después la aprobación pasará a la Secretaría Jurídica de la Presidencia, para que se cree el Decreto de Excepcionalidad, que es lo único que legaliza el concurso público, que sería antes del cambio presidencial.