Esta semana, delegados de todo el mundo se reúnen en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York para la tercera ronda de negociaciones sobre la ampliación de la UNCLOS a la conservación de la biodiversidad en alta mar.
La Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar incluye normas para las reclamaciones marítimas nacionales y la libertad de navegación, pero en la actualidad no tiene un lenguaje sobre la protección de los recursos marinos en aguas internacionales.
Ninguna nación tiene la responsabilidad de hacer cumplir la ley en alta mar, y en la actualidad estas vastas aguas están escasamente reguladas, lo que hace que sus recursos sean vulnerables a la explotación. La alta mar representa más del 40 por ciento de la superficie terrestre y alberga una proporción significativa de la biodiversidad del planeta.
Al final de la segunda sesión de negociación de la ONU en abril, los delegados estatales pidieron un borrador de trabajo para la sesión de agosto.
El borrador de 50 páginas incluye protocolos para «establecer un sistema integral de herramientas de gestión basadas en el área», incluyendo las áreas marinas protegidas (AMP), en áreas fuera de la jurisdicción nacional. Los Estados que son parte en el acuerdo estarían obligados a hacer cumplir la ley a los buques que enarbolan su pabellón respectivo.
Desde la conclusión de la sesión de abril, la Plataforma intergubernamental científico-normativa de las Naciones Unidas sobre diversidad biológica y servicios de los ecosistemas ha publicado su informe de 2019 sobre el impacto de la humanidad en los sistemas naturales, dando un nuevo impulso al tratado de conservación.
En el informe se llegó a la conclusión de que el 66% de la superficie de los océanos está experimentando un aumento de los efectos acumulativos de la actividad humana, incluidas las anomalías de la temperatura de la superficie del mar y la acidificación de los océanos.
El Consejo Mundial de los Océanos, la alianza empresarial internacional para la conservación de los océanos, representa los intereses de la industria como observador acreditado en las negociaciones. El CME evalúa que la convención tendrá importantes consecuencias para las industrias oceánicas, entre las que podrían figurar las siguientes:
- Nuevos requisitos y controles por parte de los Estados sobre las actividades realizadas por las empresas bajo su jurisdicción
- Nuevas autoridades reguladoras nacionales, regionales y/o internacionales
- Nuevos mecanismos de autorización y presentación de informes, incluidos los nuevos informes sobre el impacto ambiental
- Nuevos requisitos de evaluación del impacto ambiental (EIA) para la autorización de proyectos
- Fortalecimiento de los mecanismos de vigilancia y seguridad para proteger los recursos
- Límites de la actividad industrial marina basados en la superficie, incluida la actividad de los fondos marinos.
