El consejo de administración del puerto de Barcelona celebrado ayer aprobó el nuevo pliego de prescripciones particulares del servicio portuario de practicaje, documento que fijará las condiciones de este servicio en el puerto catalán. La licencia para operar, que se dará siguiendo los criterios de este pliego, tiene una duración máxima de 10 años.

Uno de los puntos más destacados del nuevo documento es el incremento del número de prácticos respecto a los criterios que marcaba el antiguo contrato y la fijación de un número mínimo de horas diarias de prestación del servicio, así como el establecimiento de niveles de rendimiento e indicadores de calidad, como por ejemplo que el tiempo de respuesta esté por debajo de los 30 minutos.

Otro aspecto importante es la flexibilidad con la que se dota al servicio de practicaje del puerto de Barcelona: para cubrir las necesidades de este servicio, se ha diseñado un cálculo que, bajo la base de las operaciones realizadas un año antes y teniendo en cuenta posibles condiciones de excepcionalidad, permite ajustar mejor la oferta del servicio a la demanda real. Así, las condiciones se revisarán por temporada, diferenciando entre temporada alta (abril-octubre) y temporada baja (noviembre-marzo).

Como servicio público, el practicaje tiene una serie de obligaciones y de penalizaciones, recogidas en este nuevo pliego de prescripciones particulares, como es el caso de obligaciones de protección ambiental, que fijan el límite de las emisiones aplicables a esta actividad y la necesidad de tener las certificaciones ISO 14001 o EMAS.

Nombramientos en Port Vell y Cares

El consejo de administración también aprobó el nombramiento de Míriam Alaminos, subdirectora general del departamento económico-financiero del puerto, como miembro del consejo de la Gerència Port Vell, en sustitución de Pedro Arellano. Por su parte, Ana Bernabéu, directora de personal, formará parte del consejo de la Fundación Cares.